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Falando dos problemas da Administración electrónica
Blog do Bri, configurase como un espazo de reflexión e axuda aos actuais e antiguos alumn@s das materias da área da miña docencia no Grao en Dirección e Xestión Pública da Uvigo. Materias: Negociación, Dirección Pública, Recursos Humanos, Calidade, Políticas Públicas e Ciencia Política
Dende a cidadanía pensando na mellora da calidade dos servizos públicos.
TEORÍA E TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN PARA O SECTOR PÚBLICO.
Planificación, selección, organización, avaliación e moito máis...
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Falando dos problemas da Administración electrónica
Por Oscar Briones
Gamarra
Las
competencias de transacción, entre las que se cuentan la negociación, la
mediación o la persuasión, entre otras, son cada vez más necesarias en un
entorno de negociación constante y multinivel como el actual. El denominado
“paradigma de la gobernanza” implica precisamente que, si bien los gobiernos
son cada vez más poderosos, este poder se despliega en un contexto de mayor
horizontalidad, en el que las decisiones son abordadas desde la interacción con
distintas administraciones, grupos organizados del tercer sector o incluso
asociaciones o agrupaciones de ciudadanos de mayor o menor formalización. Una
verdadera Dirección Pública Profesional, implicaría en este entorno una
importante adaptación a los cambios constantes en la sociedad y en sus
instituciones democráticas.
En este
nuevo paradigma en el que los gobiernos y su personal directivo profesional ha
de trabajar en redes (institucionales, multinivel o con el tercer sector
organizado), cobran importancia especial todas las capacidades relacionadas con
la aptitud para negociar, mediar, conciliar o persuadir. Es decir, capacidades
para generar confianza, fiabilidad y trabajo colaborativo; todo muy en línea
también con el modelo de liderazgo que se preceptúa actualmente, de múltiples
denominaciones, pero anclado en todo caso en la idea de fomentar el desarrollo
y aprovechar las virtudes de un liderazgo compartido, no jerárquico, y que
proporciona por extensión un mejor clima laboral.
Dicho esto,
es algo conocido e irrebatible en la doctrina y en la esfera del expertise, que el modelo de Dirección
Pública en España está claramente en los últimos lugares en cuanto a su
desarrollo y sofisticación en comparación con los vecinos europeos (por cierto,
con Portugal como el país que más ha acelerado en la modernización de su modelo
directivo público desde el memorándum de rescate del año 2011). Pero no hemos
venido a hablar de los múltiples “gaps” existentes, sino a centrar la lupa en
uno de ellos del que apenas se habla, pero que cada vez más se presenta como
uno de los grandes olvidados: la capacidad de negociación.
De entrada,
y por ir fijando conceptos, o desandando las presunciones básicas establecidas
tradicionalmente, la capacidad para negociar se puede entrenar, profundizar y,
sin ninguna duda, mejorar; pues no estamos ante un “talento natural”, lo cual
no implica que una predisposición natural ayude. Las capacidades naturales de
una persona para negociar, mediar, persuadir o convencer pueden ser un
“acelerador del proceso”, pero en la negociación según se ha demostrado en
modelos científicos validados, el método y una buena “disciplina de la
negociación” son fundamentales. La negociación es hoy, más que nunca, una
auténtica disciplina con su teoría, sus estrategias y sus tácticas propias. Que
el personal directivo domine estas materias es una exigencia del propio entorno
de la “accountability”, pues negociar mejor supondrá necesariamente unos
resultados de la gestión pública mejores en términos de eficacia, eficiencia o
impacto, entre otras dimensiones posibles.
Aprender a
negociar era ya, últimamente, una recomendación para el personal directivo
público si se pretendía profesionalizar. Con el entorno actual, de
incertidumbre máxima, cambios tecnológicos de rapidez inusitada y la
convivencia con el COVID-19, esta recomendación ha pasado a ser un requisito
imprescindible en la trayectoria exigible (sea vía formación o vía experiencia
previa) a todo personal directivo público.
Cabe además
tener presente el conflicto como contexto ordinario para la negociación. Se trata
de un fenómeno de divergencia de intereses inevitable, que va a aparecer
necesariamente pero que no siempre tiene resultados negativos, e incluso puede
ser visto como una “ventana de oportunidad” para solucionar otros conflictos o
déficits latentes en una organización.
Es posible
incluso, imaginar que un conflicto pueda ser positivo, por ejemplo, cuando
favorece la clarificación y resolución de problemas, cuando hace partícipe a
los implicados en la resolución, o cuando posibilita una comunicación más auténtica
y ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad. A veces un grupo
permanentemente armonioso y tranquilo puede incluso volverse apático o
transformar esas buenas relaciones en encubrir un mal desempeño del compañero o
del grupo.
Además,
mediante las acciones transaccionales disponemos de una forma de solucionar
conflictos y promover acuerdos que se distinguen de otras por las siguientes
razones:
posibilita
la participación de todos los afectados; la solución surge de la puesta en
común y por ello es aceptada por todos; combina generalmente intereses
convergentes y divergentes; y presenta comportamientos ritualizados
particulares.
Incluye,
además, como señaló Pruitt, el hecho de que las partes se muevan de sus
posiciones iniciales, cediendo a cambio de algo por ambas partes, buscando lo
que es de poco valor para uno y de mucho valor para el otro, y reconociendo en
definitiva que una situación de no negociación es menos favorable para las
partes. El verbo ceder se antoja como elemento imprescindible si de verdad
asistimos a una verdadera negociación, y este se ha de poder visualizar –en
distinta medida–, en los movimientos de todas las partes presentes. Se suele
decir en este sentido que todo proceso de negociación empieza por ponerse de
acuerdo en que se quieren poner de acuerdo. No obstante, en el caso de los
procesos de negociación en el sector público habrá que evitar el efecto
“pólvora del rey” o lo que es lo mismo, que no tenemos encima una vigilancia
tan estricta como la que tiene un consejo de administración cuando negocia
asuntos clave de su empresa. Para ello, es bueno que se planifique previamente
y se tengan en cuenta los límites hasta los que no se podrá ceder más allá.
Tanto la política, como los medios o el personal funcionario del departamento
deben cumplir también una cierta función de vigilancia de protección de lo
público.
La Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, imponen con
mayor intensidad el perfeccionamiento de la disciplina negociadora. Negociando
mejor, gestionaremos mejor; y gestionando mejor legitimaremos y consolidaremos
las Administraciones Públicas y por extensión la democracia misma.
La
negociación tiene, además, como casi todas las áreas de conocimiento, distintos
métodos de acercamiento. Actualmente sigue considerándose idóneo el método
Harvard de negociación, por considerarlo el que mayor encaje tiene con el
entorno actual de gobernanza multinivel y de predominio de la pluralidad de
actores presentes e importante grado de exposición pública. Frente a otros
modelos más duros y agresivos de negociación que pretenden una derrota del
adversario, en el sector público es necesario tener en cuenta el hecho de que
además de que el conflicto es consustancial al entorno mismo (a fin de cuentas,
haciendo política se está intentando hacer prevalecer un orden determinado de
prioridades para el sector público), el entorno público conlleva necesariamente
seguir en el tiempo negociando en muchas ocasiones con los mismos actores. Es
decir, al contrario que la compra de una casa en que comprador y vendedor
quedan para una transacción puntual, en la negociación en el sector público los
distintos actores: gobierno, partidos, sindicatos, asociaciones, empresarios,
etc.; van a continuar interactuando -casi con seguridad- necesariamente en el
tiempo, por lo que se abona el terreno para que el modelo de negociación
Harvard, que deja incólume las relaciones y se centra en los intereses reales
de fondo, prevalezca sobre otros modelos de negociación más agresivos. Atrás queda
la idea, por tanto, –como afirman Brugué y Gomá– de que quien cede es un
cobarde, y quien negocia un pusilánime, rasgos de un modelo de negociación
anclado en estilos “patriarcales”, a día de hoy claramente trasnochados y
“viejunos”, tanto en sus formas como en sus resultados comparativamente
contrastados.
Pero es
que, además, en el caso español, el personal directivo público ha de luchar con
un entorno especialmente hostil, y más en los últimos tiempos, en el que los
principios vencen a los intereses generales del país; en el que ceder parece
ser un signo de debilidad y en el que solo proponer una negociación parece ser
un delito de alta traición.
Pues los
que nos dedicamos al estudio científico de los modelos de Dirección y Gestión
Pública seguiremos insistiendo, a) en la necesidad de impulsar una alta
preparación previa del personal directivo; b) en refinar los procesos de
selección del personal directivo, autonomía para la gestión, protección frente
a las interferencias de la política sobre la técnica; c) y, en definitiva, en
fomentar un excelente adiestramiento de las capacidades para negociar. Ese nos
sigue pareciendo el camino idóneo analizando modelos comparados por todo el
mundo.
Y si
repitiendo hasta la saciedad que la negociación y la buena disposición a la
resolución de los problemas públicos es “hacer país”, seguiremos “haciendo
país” desde nuestro laboratorio académico; porque ser un buen/a directivo/a
público, es ser también un buen vecino/a.
Algunos
episodios a los que estamos asistiendo en España en la gestión de la crisis del
COVID-19 reflejan este desequilibrio entre los principios (de partido) y los
intereses generales (de país). Participemos en el debate desde nuestro ámbito
técnico con ejemplaridad, mostrando que el camino a seguir pasa por la
negociación y la gestión colectiva de problemas comunes. Nos parece una
obligación en un momento histórico.
Nos va mucho en juego,
pues una mala negociación en el sector público supone una derrota colectiva.
Puede ser un buen final, como línea a seguir, concluir con la descripción de
una dirección pública y una “administración deliberativa”, orientada a la
negociación y a la búsqueda de los consensos, como la preceptuada por Brugué y
Gomá: …una administración deliberativa es
como aquellas madres que esperan la salida de sus hijos del colegio hablando
las unas con las otras; relacionándose, comunicándose, construyendo red. Su
actitud contrasta con la de muchos padres, grandes profesionales y expertos
“recogedores” de niños. Los padres, con una actitud tecnocrática y competitiva,
no se distraen hablando con nadie, sino que se concentran en realizar su tarea
con la máxima rapidez. Esta supuesta profesionalidad de los padres provoca que
a la mañana siguiente todos los niños vistan ropa deportiva menos el nuestro:
no nos enteramos que habían cambiado la clase de gimnasia… Mientras, las
madres, continúan hablando …”
El adjetivo “hostil” que incorporamos en el subtítulo no ha de ser visto como algo malo en sí mismo, sino como una deficiencia organizativa actual que tuvo toda su razón de ser en momentos anteriores del cliclo de vida de las organizaciones públicas. Cabe recordar en este sentido, que la Administración Pública en sus orígenes necesitaba casi en exclusiva asentar valores como la seguridad jurídica, la continuidad, la estabilidad, la certeza, el aseguramiento del procedimiento, la objetividad, etc; y estos valores no dejaban espacio –y no era quizás el momento– a valores actualmente vistos como necesarios como lo puedan ser la innovación o la creatividad que estamos tratando en este punto. Además, los principales cambios en los inicios eran legales y/o procedimentales, los cuales implican ritmos lentos y graduales. Los tiempos actuales son otros, y sin perder de vista la seguridad jurídica o la regularidad de los procedimientos, la ciudadanía actual exige importantes niveles de calidad que a veces necesitan soluciones nuevas y ahí es donde se engarza con la necesidad de generar entornos de innovación y creatividad.
Las investigaciones más recientes,
además de incorporar la perspectiva anterior, analizan primordialmente los
directiv@s-líderes, capaces de crear o reformular organizaciones exitosas y
transformar las organizaciones clásicas burocratizadas y esclerotizadas en
unidades innovadoras, portadoras del cambio y plenamente adaptables a los
cambios en la realidad sobre la que han de incidir desde el sector público.
Así, la innovación y la valentía que
implica en el sector público intentar ser innovador, constituyen una
competencia básica de liderazgo, contracultural al paradigma tradicional de la
Administración Pública. No obstante, cabe recordar que no siempre se puede
innovar e incluso a veces puede no ser recomendable (no es lo mismo un puesto
de inspección o visado de legalidad que un puesto de mayor margen de maniobra
para poner en marcha políticas públicas o nuevos procedimientos: por ejemplo
una jefatura de servicios sociales). En todo caso, el espíritu innovador, el
entendimiento de las bondades de la creatividad y su potencialidad para el
sector público o la originalidad son aspectos que han de tenerse en cuenta en
una faceta propia de las competencias básicas de liderazgo en el sector público. Además, esta orientación a la innovación no será
solo un rasgo característico de la persona directiva en su faceta de líder,
sino que la innovación se mostrará también en la socialización y creación de
entornos favorables a la innovación y creatividad. Por así decirlo, nuestro
directiv@ líder ha de minorar el tradicional “entorno hostil” a la innovación
y la creatividad, y facilitar plataformas, “Hubs”, repositorios de ideas u otro
tipo de instrumentos canalizadores de estas potencialidades, independientemente
de que no todas se podrán poner en práctica pues el factor de factibilidad de
la implementación es fundamental.
Por innovación manejamos un concepto que
incluye cambios en los contenidos, estructuras o modos de hacer de las Administraciones
Públicas, capaces de crear, en forma significativa, valor público, en el
sentido definido por Moore (1995). Dicho de otra manera, innovar significa
aplicar una nueva o significativa mejora en un servicio o proceso o un nuevo
método de organización a distintas áreas como el propio trabajo, las relaciones
externas (comunicación con el exterior u otros actores institucionales).
Como se puede apreciar de entrada, a veces innovar no es radical y se admite también que la innovación pueda limitarse a reconfiguraciones, modificaciones o reorientaciones sobre un procedimiento dado anterior (“innovaciones incrementales” Vs “innovaciones radicales); eso sí, siempre creando valor público (no sería válida una mera modificación técnica), la creación de valor público puede ser escogida como la medida para determinar si estamos o no delante de una innovación. Las finalidades o repercusiones de las innovaciones suelen abarcar los siguientes aspectos:
En esta lógica innovadora, el personal directivo en su faceta de líder, ha de estar atento a las “oportunidades de innovación”, esto es, a momentos que propicien la introducción de una innovación en una organización en que es especialmente complejo hacerlo por constituir en sí mismo una “contracultura” el intentar hacer las cosas de manera diferente a …como se ha hecho toda la vida. Entre esas oportunidades para innovar podemos mencionar los acontecimientos inesperados (una crisis), la evidencia de incongruencias en los procedimientos habituales, los cambios sectoriales, demográficos, de percepción (ciudadanía más proclive a la tramitación telemática permite innovación tecnológica empleados más proclives a la transparencia por el cambio de percepción sobre este aspecto), o la aparición de un nuevo conocimiento (las virtudes de la “clase invertida” una vez medidas han supuesto un nuevo conocimiento pedagógico que ha facilitado su incorporación masiva en la docencia actual).
Esta creación de valor público de las
innovaciones nos puede llevar a respondernos a la cuestión teleológica de ¿Por
qué innovar? Responder eficazmente a los cambios en las necesidades y
expectativas de la ciudadanía, contener los costes y aumentar la eficiencia de
lo público, mejorar la calidad percibida de los servicios públicos, aprovechar
todo el potencial de las nuevas tecnologías o fortalecer, en definitiva, la
democracia misma mediante la conocida como “legitimación por resultados”,
pueden ser las posibles respuestas.
Gracias al CLAD y su secretario Francisco Velázquez, al rector de la Universidad de Vigo Manuel Joaquín Reigosa Roger y al decano Enrique Varela por una organización excelente y la consecución misma del evento para nuestro Grado.
Muy recomendable para expertos y aficionados en gestión pública, estudiantes y frikis de la DPP😜
Ponencia dedicada a analizar la importancia de la competencia negociadora.👇
https://www.youtube.com/watch?v=1T4_BK3XIIk
APUNTES SOBRE TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN Y SU RELACIÓN
CON LA FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE EFECTIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Oscar Briones Gamarra
Las
administraciones públicas suelen ser identificadas por la doctrina –con razón–
como organizaciones lentas, burocráticas y poco permeables a cambios en el
entorno. Esta visión clásica de una “Administración burocrática”, asentada
originariamente en la Ciencia de la Administración por Max Weber (1922), sigue
fuertemente consolidada en el imaginario colectivo en todo el mundo, y los clichés negativos en ese sentido continúan gozando de un enorme vigor. Cierto es,
que las
organizaciones del sector público permanecen deudoras en gran medida de los
principios de la organización jerárquica estudiada por Max Weber en el siglo
XIX. Es así, que los modelos existentes, a pesar de la cada vez mayor presencia
de nuevas fórmulas, siguen vinculados a los principios de jerarquía, con una
dimanación de instrucciones y toma de decisiones netamente vertical,
especialmente visible en las Administraciones de modelo burocrático o de carrera,
como el caso de Francia, España o Alemania. Precisamente este aspecto de
inadecuada u obsolescente organización del trabajo, es uno de los aspectos que
destaca el CIS como elemento de desmotivación en el caso español.
Dicho esto, no se pueden
olvidar o anular las virtudes que aporta el modelo burocrático clásico, que
tuvo una gran lógica en el momento histórico de su creación (en un entorno
abiertamente discrecional y de gran inseguridad jurídica) y así, valores como
la equidad, la igualdad o la seguridad jurídica se encuentran consolidados en
buena medida gracias a este modelo clásico, que tienen su contraparte en
problemas de dinamismo, eficacia u orientación a la innovación y mejora de las
relaciones humanas en el trabajo.
Conviene no olvidar no
obstante, que precisamente el de la organización
jerárquica-piramidal propia del modelo burocrático, es un principio
organizativo opuesto al propio de gestión de recursos humanos, como han
señalado entre otros Brugué y Subirats (1997),
que fomenta la persuasión, la negociación y la integración frente al carácter
director y de mando del modelo jerárquico. La eficacia organizativa precisa
cierto grado de cooperación voluntaria, como la definía Etzioni, y la propia
existencia de un sistema de gestión de recursos humanos, de existir, nos
debería alejar del carácter coactivo del modelo jerárquico para aproximarse a
un modelo donde predominan la implicación, la relación y la comunicación.
Administrar
o dirigir implica elaborar órdenes e instrucciones para mandar sobre una
estructura organizativa, mientras que gestionar significa manejar un sistema
complejo compuesto de múltiples actores y organizaciones; de hecho, incluso en
estructuras autoritarias formales es necesario que junto con el control exista
una cierta dosis de consentimiento como señaló en su día Selznick. Por otra
parte, como señala Villoria la jerarquía tradicional es difícilmente compatible
en organizaciones donde el subordinado puede dominar el conocimiento del área
más que el superior, estando además en proceso de formación permanente en su
área de actividad.
Además es necesario recordar
que las organizaciones públicas son denominadas “organizaciones de nexo débil” –como
las bautizaron March y Olsen– desde el momento en que no disponen de objetivos
claros y rehúyen de la planificación estratégica. Esta deficiencia suele ser
achacada a la presencia del factor político, que frente a la planificación
estratégica suele planificarse en función de los plazos electorales y el
momento político, siendo reacio al control estricto por indicadores u objetivos
(aunque la normativa sobre transparencia y gobierno abierto comienza a
dificultar este gusto por la indefinición de metas concretas).
Establecido
en sus líneas maestras este contorno jerárquico tradicional, aunque con una
tendencia actual clara al aplanamiento del modelo organizativo, es necesario
hacer mención en organización primeramente al concepto de planificación.
Utilizando
la clásica definición de Vetter (1972: 28), la planificación de recursos
humanos es el proceso por el que una
organización se asegura el número suficiente de personal, con la cualificación
necesaria, en los puestos de trabajo adecuados y en el tiempo oportuno para
hacer las cosas más útiles económicamente. Representaría por tanto una
relación entre los objetivos y los medios para la consecución de dichos
objetivos.
De la
definición anterior podemos extraer la idea de que estaríamos ante un conjunto
de actividades interrelacionadas que entroncan con algunos de los subsistemas
de personal como, entre otros, el de selección (para conseguir candidatos
idóneos), el de formación (para asegurarse de que posean la mejor y más
actualizada cualificación), o el de ordenación de los efectivos (para la mejor
definición posible de los puestos a proveer en relación con la carga de
trabajo).
En el plano de la dirección
organizativa del trabajo, las tendencias más actuales incorporan al debate la
necesidad de “horizontalizar” las organizaciones, proceso de cambio
organizativo también denominado “aplanamiento de las jerarquías”. Esta
horizontalización de la organización del trabajo se vincula con beneficios
organizativos, más lógicos aún cuanto más cualificadas están las plantillas
públicas, y redundantes en un aprovechamiento del talento de todos los miembros
de la organización, de un entorno de mayor creatividad y de una expectativa de
mejores decisiones y soluciones a los problemas públicos, por tanto de mayor
productividad.
Esta “horizontalización” de
las organizaciones públicas requiere una visión dinámica del proceso, de modo
que serán de especial importancia aspectos culturales o de comunicación en la
organización. Requiere un fuerte proceso de socialización de la organización
pública en que se quiere instaurar este modelo, amén de modificaciones
estructurales y de procedimientos. Es evidente por
tanto, que estamos ante una nueva filosofía que genera enormes resistencias,
casi una “contracultura” en el sector público, en el que la pertenencia a un
grupo funcionarial, el status inherente y el encuadramiento jerárquico en un
determinado colectivo y funciones ha venido presidiendo el panorama más común
de las administraciones públicas.
Este “aplanamiento” de las
organizaciones públicas entronca con la idea de adaptación frente a la
tradicional rigidez jerárquica-organizativa, por tanto de mayor orientación a
lo que los ciudadanos exigen de sus administraciones, y requiere también mayor
flexibilidad organizativa, si bien esta no debe ser implementada a costa de
empeorar el clima laboral. Asimismo, esta necesidad de flexibilidad de la administración
puede perfectamente transformarse en un modelo de oportunidades para los
empleados (de adecuación a los puestos, mejoras retributivas, profesionales, de
carrera, etc.). La organización ha de ser óptima y excelente, pero ello ha de
lograrse, como afirma Subirats, sin perder de vista la idea de adaptación
constante y orientación a los resultados.
La realidad, a
pesar de las nuevas tendencias descritas, es que sigue predominando el modelo
burocrático en buena medida y con sus carencias de inicio. Se ha de promover
así la profesionalización de tareas que se ha de iniciar con un correcto
dimensionamiento de las organizaciones públicas y sus unidades, el control de
los mecanismos de trabajo colectivo e interdepartamental o el seguimiento a los
flujos de circulación de la información –formal e informal– por los circuitos
organizativos.
Para ello, es
importante, de entrada, conocer los subsistemas organizativos que
tradicionalmente conforman una administración pública, y para ello es
conveniente recordar la figura de Kast y Rosenzbeig (1976) compuesta por los
elementos de estructura administrativa, recursos humanos, recursos tecnológicos,
financieros y materiales y procesos administrativos.
Imagen1. Fuente Kast, F.E., y Rosenzbeig, J.A. (1976)
Frente
a esta imagen lenta, casi parsiomoniosa, de la Administración Pública, se
inició en los años 70 un fuerte movimiento por vitalizar y dinamizar las
Adminitraciones, si bien a veces a costa de reducir directamente su tamaño y
substituirlo por servicios ofrecidos por el sector privado. Esta visión,
comúnmente denominada “Nueva Gestión Pública”, cambia la foma de concebir las
administraciones públicas, básicamente introduciendo conceptos y formas de
trabajar propias de las organizaciones privadas.
Sin
embargo la irrupción de nuevas formas de entender la Administración Pública
difiere enormemente de unos países a otros, y especialmente en los países
deudores del modelo de carrera o modelo continental, en los que el
dimensionamiento y estructuración de la Administración Púbica sigue
respondiendo a las pautas clásicas, por tanto a una visión jerárquica apartada
de la búsqueda de la eficiencia, la eficacia o el dinamismo.
No
obstante, este continuismo organizativo, se combina con estados en los que se
han intentado fórmulas de dinamizar la administración, bien mediante modelos de
agencias, con fórmulas mixtas entre las organizaciones públicas y las privadas
o mediante la forma más traumática de privatizaciones o externalizaciones
(manteniendo la titularidad), de servicios públicos.
En lo
que nos ocupa, el modelo de carrera y el caso español, sigue predominando el
modelo burocrático; y la creación de unidades administrativas continúa dejada
al arbitrio de altos funcionarios o políticos, pero normalmente sin presencia de
rasgos de profesionalización en la materia de gestión de recursos humanos que
se puedan dedicar la pericia técnica exigible al correcto dimensionamiento de
unidades.
Continúa
por tanto muy presente, el entendimiento –velado normalmente– de las unidades
administrativas como espacios de poder, cuyo aumento de dimensión supone un
aumento de poder político o funcionarial (o ambas cosas), orillando el análisis
técnico de cuál es el esquema organizativo idóneo en términos de eficacia,
eficiencia o trato con el público.
1) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU
RELACIÓN CON LA MOTIVACIÓN
La organización del trabajo en el
sector público sigue deudora en gran medida de los principios de la
organización jerárquica estudiada por Max Weber en el siglo XIX. Los modelos
existentes, a pesar de la cada vez mayor presencia de nuevas fórmulas, siguen
vinculados a los principios clásicos de jerarquía, con una dimanación de
instrucciones y toma de decisiones netamente vertical, especialmente visible en
las Administraciones de modelo burocrático o de carrera, como el caso de
Alemania, Francia o España. Precisamente esta verticalidad de la organización
del trabajo, es uno de los aspectos que sobresale asiduamente como factor de
desmotivación para el caso español según el CIS 2006.
Diciendo esto no se pretende anular
las virtudes que también ha aportado y aporta el recuerdo del modelo
burocrático-prusiano, y así, valores como la equidad, la igualdad o la
seguridad jurídica se encuentran consolidados en buena medida gracias a estos
rasgos que tienen su contraparte en problemas de dinamismo, eficacia u
orientación a la innovación y mejora de las relaciones humanas.
Sin embargo,
conviene no olvidar que precisamente la organización jerárquica
piramidal es un principio organizativo opuesto al propio de gestión de recursos
humanos que fomenta la persuasión, la negociación y la integración frente al
carácter director y de mando del modelo jerárquico. La eficacia organizativa
que precisa cierto grado de cooperación voluntaria como estableció Etzioni, y
la propia existencia de un sistema de gestión de recursos humanos nos debería
alejar del carácter coactivo del modelo jerárquico para aproximarnos a un
modelo donde predominan la implicación, la relación y la comunicación.
Administrar o dirigir implica elaborar órdenes e instrucciones para mandar
sobre una estructura organizativa, mientras que gestionar significa manejar un
sistema complejo compuesto de múltiples actores y organizaciones como nos han
enseñado Brugué y Subirats. De hecho, incluso en estructuras autoritarias
formales es necesario que junto con el control exista una cierta dosis de
consentimiento. Por otra parte, como ha señalado frecuentemente Villoria, la
jerarquía tradicional es difícilmente compatible en organizaciones donde el
subordinado puede conocer más que el superior y está en proceso de formación
permanente en su área de actividad.
En el plano de la dirección
organizativa del trabajo, las tendencias más actuales incorporan al debate la
necesidad de “horizontalizar” las organizaciones o de cambio a modelos
organizacionales centrados en los equipos, proceso de cambio organizativo
también denominado “aplanamiento de las jerarquías”. Esta horizontalización o
introducción de regímenes singulares que
favorecen un sistema más próximo a una red que a una estricta pirámide como ha
señalado Miquel Salvador, se vincula con beneficios organizativos,
más evidentes cuanto más cualificadas están las plantillas públicas, y
redundantes en un aprovechamiento del talento de todos los miembros de la
organización, en un entorno de mayor creatividad y en una expectativa de
mejores decisiones y soluciones a los problemas públicos, por tanto de mayor
productividad.
Esta horizontalización de las
organizaciones públicas requiere una visión dinámica del proceso, de modo que
serán de especial importancia también aspectos culturales o de comunicación en
la organización.
Es evidente que estamos ante una
nueva filosofía que genera enormes resistencias, casi una “contracultura” en el
sector público, en el que la pertenencia a un grupo funcionarial, el status
inherente y el encuadramiento jerárquico en un determinado colectivo y
funciones ha venido presidiendo el panorama más común de las Administraciones
Públicas.
Este aplanamiento de las
organizaciones públicas entronca con la idea de adaptación frente a la
tradicional rigidez jerárquica-organizativa, de mayor orientación a lo que los
ciudadanos exigen de sus administraciones, requiere también mayor flexibilidad
organizativa, si bien esta no tiene que ser utilizada como “arma arrojadiza”
contra las condiciones de los empleados públicos. Esta flexibilidad
organizativa debe acoplarse a una cierta dependencia de las condiciones
externas. Asimismo, la necesidad de la Administración puede perfectamente
transformarse en un modelo de oportunidades para los empleados (de adecuación a
los puestos, mejoras retributivas, profesionales, de carrera, etc.
Esta idea de adaptación a los cambios
es acompañada de la de que es necesario aprovechar también en mayor medida las
capacidades, la innovación, la iniciativa y la creatividad de todas y cada una
de las personas que conforman una organización pública Dicho lo anterior, uno de los grandes retos que afectan a las
organizaciones públicas se presenta a la hora de debatir el modelo organizativo
óptimo para alcanzar un mayor grado de motivación y productividad de sus
empleados, dado el carácter esencial de la motivación para el cumplimiento de los
fines de las organizaciones. En palabras de Vroom, cuanto más motivado esté un trabajador a desempeñar su tarea
eficientemente, más efectiva será su capacidad. Esta cuestión es más
acuciante, si cabe, dado que será necesario conseguir que esa motivación tenga
un ritmo sostenido en el tiempo, habida cuenta de que buena parte del personal
ingresa y permanece en la misma Administración toda su vida.
La inspiración en proyectos
concretos o técnicas de aprovechamiento de la organización horizontal del
trabajo, como los círculos de calidad, los grupos de mejora, o las técnicas
asentadas en el “brainstorming”, guían esta filosofía de aplanamiento de las
organizaciones públicas para aprovechar todo su potencial.
En definitiva horizontalización o
aplanamiento de las organizaciones públicas como elemento de adaptación a unas
plantillas públicas que aportan tanta materia gris, talento e innovación que
este caudal de riqueza organizativa ha de dejar de seguir siendo despreciado.
Porque cambiando esta perspectiva estaremos creando valor público y mejorando
lo que es de todos, porque en definitiva mejoraremos entendiendo que en las
Administraciones Públicas entre todos lo
haremos todo.